En fechas recientes, el Ministro del Interior presentó el anteproyecto de la futura ley de Seguridad Privada. Un anteproyecto que en la actualidad está en periodo de alegaciones. Tras una reposada lectura del mismo bajo el prisma de la cautela, desde MAGNA DETECTIVES hemos tenido la oportunidad de comentarlo con otros compañeros, así como con jueces, abogados e incluso con algún ciudadano ajeno a la profesión, que al final será el principal perjudicado. Asimismo, hemos acudido a un encuentro con el Sr. Gándara, Comisario Jefe de la Unidad de Control de Seguridad Privada, pero no tenemos nada claro.

El anteproyecto nos deja en un situación de extrema gravedad además de mutilar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La nueva ley resquebrajará los derechos más fundamentales de los ciudadanos. El anteproyecto es anticonstitucional.

El anteproyecto obliga a que los detectives privados informen sobre el cliente, el encargo, los medios que se han utilizado en la investigación así como de los resultados obtenidos. Todas y cada una de las investigaciones y servicios realizados por un detective privado, serán conocidas por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cualquier cliente que confía en un profesional de la investigación privada, y contrata nuestros servicios, debe saber que la confidencialidad que pretenden dejará de existir: en Interior quieren conocer todos y cada uno de los aspectos relacionados con el hecho privado que afecta a un ciudadano.

Una medida de control que consideramos que es innecesaria, ya que la ley actual ya prevé sistemas de control sobre la actividad de nuestra profesión sin menoscabar ni generar perjuicio en los derechos fundamentales de los ciudadanos. El ciudadano se verá afectado si decide contratar, y los detectives privados nos veremos afectados porque muchos posibles clientes preferirán no contratarnos, o contratar a intrusos.

El principio básico de confidencialidad, queda totalmente diluído.

Tras una lucha constante y efectiva por poner en valor en el ámbito social y profesional la figura del detective privado, el anteproyecto de ley nos vuelve a situar fuera de ella, relegándonos al ostracismo jurídico. Un contundente golpe en la línea de flotación de un colectivo que en los últimos años ha dado la cara, ha colaborado con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ha estado presente para realizar su misión principal, la de ayudar a ciudadanos en hechos privados, donde los cuerpos públicos no pueden llegar. Hemos sido de gran ayuda, y lo seguiremos siendo; a pesar de las trabas que parece disponer la Administración Pública.

Lo que no debe pretender el Ministro es conocer previamente el inicio de una investigación, su motivo, su justificación, los medios técnicos utilizados… Cada investigación es única, y los detectives privados la iniciamos siempre previa escrupulosa verificación de la legitimidad para investigar. Cumplimos las prescripciones legales porque las conocemos bien: son nuestra principal herramienta. Somos profesionales con formación universitaria, con una formación equivalente a un grado, en una Universidad, habilitados con las aptitudes procedimentales y jurídicas además de estar regulados de forma estricta por la Ley actual. Hemos demostrado lo que somos y lo que hacemos.

De forma simultánea a la elaboración del anteproyecto nos hemos visto en el foco de la opinión pública con noticias como las relacionadas con la “Operación Pitiusa”. Cabe dar lugar a pensar que se busca generar una opinión adversa sobre nuestra profesión. Y es que, al igual que con la trama orquestada por “Método 3”, sólo se trata de ovejas negras que todo sector tiene y sobre las que la justicia dirá la última palabra. Sin embargo, sea cual sea la última palabra, los compañeros detectives han sido sometidos al escrutinio público previa exhibición en la picota por los diferentes medios de comunicación.

El anteproyecto elimina la exclusividad de los detectives privados en diversos asuntos como la vigilancia no-uniformada.

Otra de las cuestiones que trata el anteproyecto, es la nueva función que se permitirá a los vigilantes de seguridad concediéndoles la posibilidad de trabajar sin el uniforme reglamentario. La ley actual prevé que las funciones de vigilancia y protección no uniformada corresponden exclusivamente a detectives privados. El Sr. Comisario Jefe, ya justificaba que hay razones por las que se hace necesaria una figura de vigilancia sin uniforme (Ávila, Escuela Nacional de Policía, 19 de abril de 2013). Por ello, me permito recordar al Sr. Gándara el artículo 19.1 en el cual se recoge que los detectives privados ya tenemos funciones de vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos. ¿Por qué permitir a los vigilantes de seguridad prestar servicio sin uniforme, y no dejar que los detectives privados continuemos con la labor que tanto tiempo hemos hecho bien?

A veces, Sr. Gándara, con todo el respeto, parece que molestamos. Somos el sector que no tiene nada contra nadie, y sí tenemos a todos en contra.

“Divisiones” de detectives privados en las empresas de seguridad

Si el anteproyecto ve la luz las empresas de seguridad podrán crear “divisiones” de detectives en su seno. Una excelente noticia para el Ministerio del ramo que podría ver como a toque de varita mágica disminuye la tasa de desempleo en el sector.

Sin embargo, da la sensación de que el titular de la cartera ministerial no se ha detenido en los efectos perniciosos que causará la medida. Crear divisiones de detectives en el seno de las empresas de seguridad resultará peligrosísimo para los intereses de todos: de ciudadanos, de otras empresas, e incluso del interés público.

Las empresas de seguridad no están capacitadas para ofrecer los servicios propios de los detectives privados con imparcialidad y con la confidencialidad debida. Carecen de la formación y experiencia necesaria.

Las funciones del detective privado deben ir con la “actividad” del detective privado, utilizando palabras del Sr. Gándara en una de sus charlas más recientes: la “actividad” del detective privado debe ser independiente, única y exclusiva.

Actualmente, los despachos de detectives privados están formados únicamente por detectives privados. En su accionariado, si es que son empresas, sólo puede haber detectives privados habilitados. No puede haber accionistas externos ni intereses externos de terceros. Esa independencia es la que favorece, garantiza y obtiene como resultado que un detective privado sea absolutamente independiente.

Llegado el caso, podremos ver como en un hipotético juicio dentro de escasos meses, un detective privado que acuda a ratificar un informe en sede judicial se vea en la tesitura de reconocer que él personalmente no tiene intereses en el asunto investigado. Pero tendrá que reconocer también que “sus jefes” podrían tenerlos. Que exista una cúpula empresarial por encima de la “división de detectives” en una empresa de seguridad, es un grave error que acaba con la confidencialidad y la independencia.

Por no hablar, del grave problema que planteará para el interés público. Empresas de seguridad como Prosegur (en 2012, 22200 empleados, 1082 millones de € en activos), Securitas (en 2012, 14100 empleados, 275 millones de € en activos) o Vinsa, (en 2012, 3800 empleados, 44,5 millones de € en activos) tienen una gran capacidad económica para establecer sus propias divisiones de detectives privados.

El presupuesto anual del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en 2012 asciende a 221 millones.

A tenor de estos datos, la cuestión evidente es si pueden competir las empresas de seguridad con los servicios públicos de inteligencia. Sea través de detectives privados o no, la respuesta es clara: para Prosegur, por ejemplo, sería un juego de niños. Un “CNI” paralelo y con capital privado, sería dejar la inteligencia del Estado en manos de terceros.

El Sr. Ministro está dejando en manos de las empresas de seguridad el sector de los detectives privados, poniendo de esta forma en peligro la seguridad pública y dejando en bandeja de las grandes empresas de seguridad todo tipo de servicios de inteligencia.

Los servicios de investigación privada, reservado actualmente en exclusiva a los detectives privados, deben seguir siendo exclusivos de éste sector en beneficio del interés público.

Con todo, lo más grave es que las empresas de seguridad no están capacitadas para desarrollar las funciones del detective. Nosotros, los detectives privados legalmente habilitados, somos los profesionales más formados del ámbito de la seguridad privada, con una formación equivalente a un Grado universitario.

Desde nuestro sector se ha perseguido de forma contundente el intrusismo considerándolo una de las grandes lacras, para el sector y para los ciudadanos que se han visto afectados por sus prácticas perniciosas. Consideramos que la nueva normativa potencia y legaliza un intrusismo de guante blanco contra el que además será imposible luchar ni competir.

Conclusiones

En definitiva, el anteproyecto de ley contempla un sistema de control severo, fiscalizador de nuestra actividad, que abarca por completo cualquier acción que realicemos para un cliente en un hecho puramente privado. El sistema acaba con la confidencialidad y la independencia con la que tradicionalmente trabaja un detective privado.

Las empresas de seguridad serían las grandes beneficiadas, poniéndoles en bandeja el desarrollo de las funciones del detective privado. Pero además, el gran peligro es que puedan competir con los servicios públicos de inteligencia.

Por todo ello, el anteproyecto debe ser retirado de inmediato. Hay ciertas cuestiones que en éste artículo no se han tocado en aras de la brevedad, pero sí deben ser mencionadas. Los detectives privados, en nuestra opinión, no somos profesionales de seguridad privada. Somos profesionales de justicia, ya que nuestra función última es la de “obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados” y la de “investigar delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal”. Somos profesionales universitarios, la mayor formación de toda Europa, y nuestro trabajo se dirige a obtener pruebas válidas, que finalmente serán valoradas por el juzgador. Por tanto, el juzgador es el que debe fiscalizar y regular nuestra profesión.

Con el anteproyecto que hay sobre la mesa, se intenta supervisar de una forma muy exhaustiva la labor de profesionales plenamente capacitados para ejercer su labor, violando con ello el derecho a la intimidad de los clientes; y por otro, se da la posibilidad a empresas de seguridad que carecen de la formación necesaria a ejercer la actividad. Con los detectives, se pretende ejercer un control espartano, mientras que con las grandes empresas, se les permite entrar en el sector con una laxitud total. Quizá la pieza que se nos escapa, si es que hay alguna, es la acción del lobby de la seguridad privada, pero eso ya es temática para los futuros artículos…