Legislación en materia de Detectives Privados

La profesión de detective privado está regulada por la Ley de Seguridad Privada, 5/2014, de 4 de abril, y por el Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 2364/1994), así como por diversas Órdenes Ministeriales, como la Orden del Ministerio de Justicia e Interior del 7 de julio de 2005.

Para poder ejercer legalmente como detective privado, se exige la obtención previa de la Licencia de Detective Privado, otorgada por el Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía), además de la obtención de una diplomatura universitaria en Investigación Privada, de 3 años de duración. Ésta diplomatura se imparte actualmente en varias universidades españolas; por ejemplo, en la Universidad de Salamanca – Ciencias de la Seguridad.

La Ley de Seguridad Privada, Ley 5/2014, de 4 de abril, en su artículo 48.1, regula las funciones del detective privado:

Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos:

  1. a) Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.
  2. b) La obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o ámbitos análogos.
  3. c) La realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.

En la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 265, Ley 1/2000, de 7 de enero, se confiere una gran importancia a las pruebas e informes emitidos por los detectives privados, ya que los informes que emitimos tienen carácter de testimonio cualificado y no son impugnables por la otra parte si son ratificados en sede judicial.

Según considera el Tribunal Supremo, el detective privado es considerado testigo privilegiado en un proceso judicial, siendo un medio de prueba dotado de exclusividad. La actividad de los detectives privados es prueba válida en jurisdicción civil, laboral, contencioso-administrativa, mercantil... Asimismo, se admiten en la jurisdicción penal y eclesiástica en cualquier instancia.